El derecho a la educación en la pandemia y la postpandemia
En el derecho a la educación ha avanzado en las últimas décadas. Sin embargo, durante el Gobierno de Iván Duque el retroceso fue sensible: uno de cada tres niños y jóvenes se quedó sin estudiar por carecer de conectividad. Afortunadamente, Bogotá y Medellín le respondieron a los niños y jóvenes. Sin embargo, todavía no logramos garantizar una educación de calidad que disminuya las brechas y eleve la movilidad social en todo el país.
En la inauguración del Congreso el 20 de julio de 2021, el presidente Duque afirmó: “Ya tenemos 14.700 instituciones educativas oficiales que se han transformado para ser centros digitales”. El presidente sabía que la información que entregaba al Congreso y al país era falsa, porque el día anterior había firmado la caducidad del contrato con Centros Poblados. Ese mismo día tan solo el 4,7 % de las instituciones educativas rurales priorizadas tenían conectividad. ¡Abismal diferencia hay entre el 4,7% y el 100%! Sin embargo, el primer mandatario quiso simular que estaba cumpliendo con las metas trazadas.
A nivel nacional el gobierno logró menos del 5% de lo que se propuso en conectividad de las instituciones educativas rurales. ¡Se rajó! Les “hizo conejo” a los niños y jóvenes, como también lo había hecho con la paz al intentar bloquear la JEP durante meses. Así mismo procedió con la democracia, al elegir a sus grandes amigos y subalternos para ocupar los organismos de control del Estado. En medio de una pandemia con más de 6 millones de muertos en el mundo, el acceso a la red universal era parte esencial del derecho a la educación. Sin embargo, el Gobierno Nacional les incumplió a los niños, muy especialmente, a los hijos de los campesinos.
Por todo lo anterior, el 3 de febrero de 2022 la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional, mediante la Sentencia SU-032-22 que, “dentro del año siguiente formulara una política pública de prevención ante situaciones de pandemia, catástrofes o calamidades públicas que permitieran adoptar con oportuna anticipación medidas para evitar que se vulnerara el derecho a la educación”. Lo que hizo la Corte Constitucional fue proteger el derecho de los menores vulnerados por la falta de conectividad.
La ausencia de red tuvo repercusiones muy graves en los estudiantes de todas las edades, pero muy especialmente en las zonas rurales y en los adolescentes. Durante la pandemia la vida social, afectiva y emocional de los menores se afectó de manera sensible. Aumentó la violencia intrafamiliar, miles de niños, niñas y jóvenes se quedaron sin educación, abandonaron la escuela, aumentaron los embarazos de niñas y adolescentes y otros tantos se vincularon a las filas de los grupos armados ilegales.
Según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), el 30 % de las niñas, niños y jóvenes entre 5 y 24 años no recibió ningún tipo de educación en 2020 y 2021. Es cierto que era un contexto muy complejo y adverso por la circulación del virus, pero no estamos hablando de una cifra menor: casi uno de cada tres niños y jóvenes no recibió ningún tipo de educación durante los dos últimos años. Los más afectados fueron los niños menores de 6 años. El 35 % de ellos abandonaron la educación inicial. Así lo informó el MEN a la comisión de empalme (pág. 98).
La situación es muy clara: en pandemia la conectividad era parte esencial del derecho a la educación, pero el Gobierno Nacional incumplió sus obligaciones. Sin conectividad no se garantiza el derecho a la educación. Afortunadamente las grandes ciudades le respondieron a los niños y jóvenes. En Bogotá fueron entregados 107.000 dispositivos, incluyendo computadores portátiles con material educativo para los jóvenes que vivían en zonas rurales. Se trata de soluciones que incluían la conectividad. Se demoraron más tiempo del previsto, pero se garantizó el derecho a la educación de los jóvenes. Se puede concluir que se cumplió con el 86% de la meta prevista por la alcaldía para atender la pandemia y apoyar a todos los jóvenes de bachillerato (Se previeron entregar 124.000 dispositivos). Por su parte, en Medellín se han entregado más de 56 mil computadores. La Administración Distrital invirtió $80.000 millones para adquirir más de 70.000 computadores que se vienen entregando a todos los estudiantes de la ciudad. La meta es un computador por niño y se espera en el 2023 llegar a los 200.000. Estas dos ciudades “sacaron la cara” y seguramente hay otras ciudades intermedias que también cumplieron con sus obligaciones éticas y constitucionales con los menores de edad.
Sin embargo, gracias a la ciencia y las vacunas hemos comenzado a convivir con la pandemia y, debido a eso, hemos podido retornar a la presencialidad en las instituciones educativas. El retorno ha sido gradual desde 2021 y de manera generalizada desde inicios del 2022. Este es un cambio trascendental para la vida de los niños, las niñas, los jóvenes y la sociedad.
La pandemia nos ha demostrado que la presencialidad en educación es insustituible. Eso es así porque el núcleo del trabajo educativo está en la socialización y la comunicación en todas sus dimensiones: social, emocional, física y académica. Hay que ser muy claros: lo que más extrañaban niños y jóvenes durante el aislamiento educativo, eran los consejos de sus docentes y las actividades artísticas, socioemocionales y deportivas que llevaban a cabo con sus compañeros. La escuela es el espacio más importante que hemos construido como sociedad para la socialización de los menores. Ese rol es hasta ahora insustituible.
Las aulas y los descansos son espacios para el diálogo, la reflexión, el juego y la interacción. El debate de un grupo de estudiantes en una clase, una mesa redonda de preadolescentes, un partido de fútbol entre niños o la preparación de una obra de teatro entre jóvenes, constituyen el día a día en un colegio. Vamos a los colegios esencialmente a interactuar con los pares. El problema es que la virtualidad no logra reemplazar ninguno de los procesos anteriores. No puede y, muy seguramente, nunca podrá hacerlo. Mucho menos entre menores sean los niños y las niñas.
En la educación básica la presencialidad es irremplazable. Fue necesario recurrir a la virtualidad durante la pandemia, pero la experiencia no podía permanecer de manera indefinida. Fue una situación totalmente excepcional la que nos obligó a trasladarnos al trabajo en casa, pero una vez se lograron disminuir los ritmos de contagio y la gravedad de estos, fue necesario retornar a las aulas. Desde inicios de 2022 eso fue posible en todas las secretarías de educación del país.
De la pandemia nos queda la necesidad de dotar a todos los niños y jóvenes del país de tabletas y conectividad para que puedan acceder libremente a las autopistas universales de la información. La virtualidad, en ese sentido, llegó para quedarse. Sin duda, se seguirá utilizando indefinidamente por parte de los docentes y los estudiantes, no como sustituto de la presencialidad, sino como complemento. Allí se alojarán videos, trabajos y artículos que los docentes les solicitarán crecientemente a sus estudiantes. Allí estará la mediación asincrónica a través de estrategias como los foros, las lecturas y los debates, como un complemento ideal para las clases presenciales.
Pero también nos queda como experiencia de la pandemia una macro conclusión a nivel cultural: la educación es mucho más importante de lo que suponía la sociedad. Las sociedades modernas no pueden funcionar con las escuelas cerradas, porque entonces se hace imposible el trabajo de las mujeres y se deteriora el desarrollo social y emocional de niñas, niños y adolescentes. En educación, la presencialidad es irreemplazable. Esa también es una enorme lección de la pandemia. De allí que se requerirán inversiones muy importantes para garantizar que todas las escuelas del país cumplan, por lo menos, con las condiciones mínimas para desarrollar el proceso educativo: agua potable, ladrillo, ambiente propicio, espacio, muebles y ventilación adecuada. Todavía en muchas regiones miles de instituciones no cuentan con estas condiciones mínimas.
También seguimos en deuda en el país con la necesidad de iniciar, lo más pronto posible, con una transformación pedagógica que garantice una educación de calidad para todos y todas. Bogotá retomó la ruta correcta (https://escuelaypedagogia.educacionbogota.edu.co/pensar/el-programa-abel-rodriguez-cespedes-y-la-transformacion-pedagogica-en-bogota ), pero, aun así, es mucho el terreno que falta por recorrer en la capital y en todas las regiones del país. Hace falta construir un currículo que no esté concentrado en los datos, ni en las informaciones, ni en el aprendizaje, sino en el desarrollo integral. Sigue pendiente fortalecer el trabajo en equipo entre los docentes. Estamos en deuda de promover la reflexión pedagógica entre los profesores y que el Estado deje de “hacerles conejo” a los niños garantizando los tres años de educación inicial que establece la ley. Al respecto, lo único que hay que exigirle es que cumpla lo establecido en la Ley General de 1994. El derecho de los menores a su educación inicial debe ser prioridad del Estado, de un lado, porque es muy injusto ver las enormes desigualdades en el desarrollo integral que ya tienen los niños al ingresar al “colegio grande” y, de otro, porque es la inversión más rentable que conoce la humanidad (https://www.semana.com/opinion/articulo/por-que-invertimos-tan-poco-en-educacion-inicial-columna-de-julian-de-zubiria/636904/ ).
Mientras todo lo anterior no se cumpla, no estará completamente garantizado el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, porque no basta con tener acceso a la educación. También necesitamos que se les brinde una educación de calidad, para que las brechas en Colombia no sigan aumentando y para que, por fin, los hijos de los pobres no estén condenados a estudiar en condiciones de miseria. La llave maestra del cambio está en la educación de calidad que, hasta el momento, no les hemos podido garantizar. Trabajando en equipo con los maestros y las maestras, podremos impulsar la transformación pedagógica que les debemos a los niños y al desarrollo nacional. Solo de esa manera podremos garantizar verdaderamente el derecho a la educación para todos y todas. La buena noticia es que, sí se puede lograr. Es más, estamos en la ruta correcta, pero avanzando a un ritmo excesivamente lento. Casi que a paso de tortuga.
