Participación política y ciudadanía activa de los jóvenes
Una de las grandes apuestas de la Secretaría de Educación del Distrito – SED durante el cuatrienio de la actual administración, ha sido la formación integral, la cual de acuerdo al Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” supone, entre otras cosas, la transformación pedagógica y el mejoramiento de la gestión educativa, a partir de la realización de acompañamientos especializados focalizados en el desarrollo integral e inclusivo, abordando las diferentes dimensiones del estudiante, centradas en el saber y el ser, por cual se propuso como meta la implementación en el 100% de los colegios públicos de Bogotá del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz.
El Programa Integral ha centrado la mirada en una posición crítica de la educación, potenciando el protagonismo de las comunidades educativas en la transformación cultural y el cambio social, a partir de la perspectiva popular de la educación, la solidaridad, el dialogo, la pluralidad y el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas.
El Programa Integral asume la educación como un proceso complejo y holístico, en donde el ser humano se apropia de unos saberes para ser, existir y posicionarse en el mundo, por tal motivo se requiere de procesos educativos reflexivos y críticos que le permitan al estudiante comprender su contexto, tomar postura e incidir en las realidades sociales para la superación de la injusticia, la desigual y la exclusión social, así como el reconocimiento y construcción a partir de la diversidad, la conciencia crítica de las relaciones de poder y discriminación, la ciudadanía memorial y la formación de capacidades ciudadanas para la participación.
Cabe señalar que la formación en capacidades ciudadanas requiere ir de la mano de una educación socioemocional, a partir de la comprensión de las emociones que circulan en las comunidades educativas y en las personas que las componen, con el fin de reconocerlas, escucharlas, gestionarlas y extraer aprendizajes para ponerlos en práctica en los ejercicios de participación.
Por tal motivo, se ha venido apostando por la educación como un camino para cerrar brechas y promover el poder transformador de las personas y las comunidades, de tal manera que el empoderamiento y la participación potencien la organización, la movilización, la modificación de las relaciones de poder y las desigualdades como base para el fortalecimiento del tejido social.
La participación como pilar para la transformación de realidades
En Colombia se reconoce la participación como parte esencial de los fines del Estado. Por lo tanto, se facilitará que las personas intervengan en las decisiones que los afectan[1]. La Carta del 91 plantea que en las instituciones de educación sin distinción se fomentarían prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana, de manera expresa señala: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.[2].
De otro lado, la participación política es fundamental en la construcción y reconstrucción del tejido social quebrantado por la desigualdad, exclusión, discriminación, violencia y los efectos de la pandemia generada por el COVID-19. Es una apuesta cuyo objetivo es empoderar y movilizar a las comunidades educativas en torno al desarrollo de capacidades mediante el encuentro, el diálogo, la escucha, la colaboración, la solidaridad y, el reconocimiento del otro y la otra. Busca también crear las condiciones necesarias para que las escuelas sean escenarios de paz en donde diferentes ideas, creencias, prácticas políticas, y cosmovisiones se encuentran para concertar necesidades, proponer soluciones y generar estrategias o acciones que garanticen la vida digna, el desarrollo, la equidad, la convivencia y la paz en el marco de los procesos educativos.
En cumplimiento del mandato constitucional y reconociendo la importancia de la Participación Ciudadana en la transformación de la escuela y de la ciudad, la Secretaría de Educación ha promovido en las comunidades educativas diferentes estrategias para el desarrollo de capacidades ciudadanas y democráticas que son transversalizadas por el modelo pedagógico para la educación socioemocional y ciudadana y el Método Reflexión-Investigación-Acción-Participación, en adelante RIAP.
Modelo pedagógico para la educación socioemocional y ciudadana
Un modelo pedagógico es una conexión entre la teoría y la práctica, que permite dar coherencia entre lo que se declara en el discurso pedagógico y lo que se hace en el ejercicio educativo. En este sentido, la pedagogía crítica se instituye como un modelo para el desarrollo de la persona. Es una apuesta para promover el reconocimiento de principios éticos vinculados con el desarrollo de capacidades en los individuos para reconocer esas necesidades y en especial para generar las condiciones para que dichas posibilidades de transformación y cambio puedan ser sostenidas en el tiempo (SED, 2021).
Desde este acercamiento, el método RIAP busca dinamizar procesos de transformación social, por medio de la construcción conjunta del conocimiento y la colectivización del mismo, desarrollando tres elementos centrales: a) la relación entre la reflexión y la acción, b) el diálogo de saberes, y c) la participación. La RIAP se concibe como una ruta para propiciar la reflexión en comunidad, el análisis y reconocimiento de las realidades escolares y sus contextos, buscando incentivar el desarrollo creativo de acciones de cambio, mejora y construcción de nuevos conocimientos escolares (SED, 2021).
Esta ruta alimenta el desarrollo de estrategias de movilización, empoderamiento y transformación. Las INCITAR para la Paz, Justicia Escolar Restaurativa y el Programa Niños y Niñas Educan a los Adultos quienes a partir de apoyos técnicos, pedagógicos y recursos financieros ponen en marcha o promueven la consolidación de iniciativas que le apuestan a la generación de condiciones pacíficas de convivencia, así como garantizar la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía en las comunidades educativas de Bogotá.
Sumado a lo anterior, se ha venido consolidando una la Escuela de Liderazgo SIMONU en donde niñas, niños y jóvenes estudiantes y docentes de colegios del sector educativo público y privado de zonas rurales y urbanas de Bogotá y la región, construyen escenarios de diálogo, debate y consenso sobre temas de impacto territorial, nacional y global, potenciando el ejercicio pleno de una ciudadanía activa, crítica y empoderada para la movilización de ideas que aporten a la transformación social.
Por otro lado, se promueve la conformación y funcionamiento del Gobierno Escolar y las instancias de participación integradas por los estamentos del sector educación quienes, desde escenarios formales, dialogan y concertan una visión de educación que se plasma en la política educativa del distrito.
Asimismo, se promueven y acompañan los escenarios de participación formal de jóvenes. Estos se conocen como personeros y personeras, contralores y cabildantes estudiantiles. Desde el modelo pedagógico propuesto, estos cargos reconocen su contexto y las realidades que viven en sus establecimientos educativos, determinan cuáles son las problemáticas y necesidades que quieren transformar, para posteriormente definir una propuesta de solución que es puesta en diálogo intergeneracional con miembros de otras instancias o con quienes materializan las políticas públicas asociadas a la prestación del servicio educativo.
De estos procesos participativos, se ha logrado la aprobación de tres proyectos de acuerdo por el Concejo de Bogotá liderados por la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles. También, se elaboró un informe de la implementación del Programa de Alimentación Escolar y de la estrategia de mejoramiento de la infraestructura escolar en Bogotá por la Red Distrital de Contralorías Estudiantiles. Finalmente, la Red Distrital de Personerías Estudiantiles participó en la creación de una herramienta digital sobre el cuidado de la salud mental. Estas experiencias han hecho parte de intercambios a nivel distrital, nacional e internacional, para replicar su modelo en otros contextos.
Los procesos previamente descritos aportan significativamente al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionados con las siguientes temáticas: sentido de la vida con el planeta; niñas y mujeres empoderadas y transformadoras; arte y cultura para la convivencia; comunicación para el cambio social; otra manera de sentir, pensar, actuar y relacionarnos; e innovación para el regreso a la presencialidad. De igual forma, quienes participan en estos espacios adquieren habilidades en oratoria, redacción, argumentación e investigación; y adicionalmente, temas relacionados con los enfoques restaurativo, de género y diferencial, el control social y el cuidado de lo público.
En conclusión, la participación, en cualquiera de sus expresiones, busca poner la voz de aquellas personas que hacen parte de cualquier comunidad, en un escenario de construcción colectiva en el que se puedan llegar a acuerdos, tomar decisiones y lograr acciones colectivas que, en medio de la diferencia, puedan establecer objetivos comunes que desemboquen en espacios libres de cualquier forma de violencia.
En este sentido, la educación integral y la participación ciudadana promueven la creatividad, la innovación, la sensibilidad y gestión emocional, el pensamiento y la memoria crítica. De igual manera, empoderan y reconocen a las niñas, niños y jóvenes como sujetos políticos que inciden y tienen agencia en la transformación de las realidades de sus territorios, a partir del reconocimiento y la construcción desde las diferencias y la comprensión de la importancia de respetar y cuidar de sí mismo, del otro y de la naturaleza, lo que aporta a consolidar las escuelas como territorios de paz.
[1] Artículo 2, Constitución Política de Colombia: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
[2] Artículo 41. Constitución Política de Colombia.
