Lecciones y aprendizajes de la Pandemia en materia de evaluación

A raíz de los traumas generados por la pandemia del Covid-19 en el sistema educativo el tema de la evaluación vuelve a tomar una enorme importancia, pues a nadie se le puede escapar que bajo las circunstancias de anormalidad escolar que se vivieron durante casi dos años, es imprescindible indagar qué ocurrió en el proceso de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes; en los procesos organizativos institucionales; en el desempeño de los profesionales; y, por supuesto, en el retorno a la presencialidad completa desde inicio de este año.

Es interesante recoger algunos antecedentes sobre el tema, ya que con frecuencia la memoria es frágil y se olvidan las razones por las cuales se han ido tomando ciertas decisiones de política pública.

Durante el año 2007 se generó una amplia movilización nacional en torno a la elaboración del Plan Decenal de Educación 2006- 2016. Entre las muchas preocupaciones y propuestas que se manifestaron en esta amplia consulta sobre las expectativas ciudadanas, el tema de la evaluación ocupó un lugar muy importante.

La evaluación de la educación cubre muchos campos que van desde aspectos macroeconómicos sobre las tasas de retorno de la inversión en educación, hasta prácticas cotidianas que pretenden indagar sobre el progreso de los niños y niñas más pequeños en aprendizajes particulares. Es evidente que la evaluación, con toda su complejidad, es una herramienta fundamental de la gestión educativa en todos sus niveles, y la clave pedagógica que permite mantener la ruta de progreso de niños, niñas y jóvenes de acuerdo con sus propias expectativas en relación con la vida que quieren vivir y con los ideales de equidad de toda la sociedad.

En las discusiones de ese entonces se resaltaban los avances en la evaluación general del Sistema Educativo, que permitían comparar regiones e instituciones en torno al desarrollo de la matemática, el lenguaje, las ciencias y las competencias ciudadanas (SABER). En el mismo sentido se destacaba la Prueba de Estado que cada año aplica el ICFES a los jóvenes que concluyen su educación media. Pero a juicio de algunos importantes representantes del sector, estos sistemas de evaluación, útiles para el desarrollo de políticas, no satisfacían las necesidades particulares de los colegios que con frecuencia tienen percepciones muy diferentes del progreso de sus estudiantes.

Desde otra perspectiva, los sistemas de información permiten evaluar temas críticos, tales como los procesos de promoción y deserción de niños y niñas, fenómenos que están claramente relacionados y que tienen un impacto muy fuerte, tanto en la reducción de los índices de pobreza como en los indicadores de eficiencia de la inversión pública en educación. En la década de los noventa estos indicadores mostraban una situación crítica, a la vez que una gran inquietud con respecto a la promoción automática y su efecto sobre la calidad. Esto llevó a la expedición del Decreto 230 de 2002, que pretendía reducir la repetición escolar y dar orientaciones curriculares y de evaluación para los colegios.

El debate público sobre la evaluación en el marco del Plan Decenal, se concentró fundamentalmente en estas dos perspectivas:  de una parte, no resulta clara la capacidad real de evaluar la calidad a través de pruebas censales de conocimientos y/o competencias (SABER, ICFES), y por otra parte se ha generado una insatisfacción muy notoria con lo establecido en el Decreto 230, al que se culpa de la mala calidad por obligar la promoción de estudiantes que no han obtenido los logros que se esperan de ellos.

Pero además de estas dos posturas surgieron otros temas de evaluación que con el tiempo han adquirido mayor importancia cada vez:

— Si la educación pretende también formar hombres y mujeres responsables, libres y capaces de vivir en comunidad, ¿cómo se evalúa eso?;

— Si el aprendizaje de niños y niñas depende en alto grado de la organización y el clima escolar ¿cómo evaluar esas condiciones y ambientes de aprendizaje?

Frente a estos interrogantes y preocupaciones, el Ministerio de Educación se comprometió a adelantar una amplia consulta nacional con estudiantes, maestros y familias, con el fin de encontrar una respuesta apropiada a un tema de tanta importancia. Finalmente, después de un año de encuentros, foros y talleres en todos los departamentos del país se expidió el decreto 1290 de 2009, que establece dos asuntos centrales:

— Lo fundamental es asegurar el progreso en el aprendizaje de los estudiantes, y la evaluación cumple esencialmente esa función pedagógica.

— Se otorga la máxima autonomía a las instituciones educativas para definir la forma, los momentos y las estrategias de evaluación, de acuerdo con las orientaciones de su Proyecto Educativo Institucional.

La norma, igualmente, dejó establecida la importancia de los procesos de evaluación nacional e internacional que se realizan de manera externa y que sirven para observar el progreso de los aprendizajes en las diversas regiones del país, para establecer comparaciones con estándares internacionales y para avanzar en el diseño de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de la calidad.

La aplicación de la norma y los retos de la Pandemia

Como suele sucedernos con demasiada frecuencia, la norma parece haber sido bastante mejor que su aplicación en la realidad escolar, si se tiene en cuenta que no se han aprovechado todas las ventajas que allí se ofrecen para que los colegios avancen en los objetivos propuestos.

En un principio muchas instituciones definieron sistemas de evaluación que, en vez de garantizar el aprendizaje y promoción de los estudiantes tal como lo establecía la norma, privilegiaban el valor absoluto de las calificaciones, e incluso elevaban los niveles de rendimiento académico para aprobar, con lo cual se incrementaron los niveles de repetición de manera inesperada. Esto respondió posiblemente a los argumentos de quienes seguían creyendo que usar las calificaciones como una herramienta de presión era el camino para mejorar la calidad.

Es interesante citar los objetivos que plantea el decreto 1290, para entender lo que ha sucedido y los nuevos retos planteados por la Pandemia:

ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.

4. Determinar la promoción de estudiantes.

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.

Como es fácil de apreciar, en esta norma se da una gran importancia al desarrollo individual e integral de cada estudiante, pues no se define el aspecto cognitivo como la pauta principal para apreciar y valorar el desempeño escolar, como ha sido lo más frecuente. Sin embargo, la mayor parte de las instituciones siguen evaluando de la misma forma tradicional que siempre se ha hecho, sin introducir otros parámetros que determinen tanto la promoción de un grado a otro, como el diseño de estrategias pedagógicas claramente orientadas a garantizar la superación de las dificultades identificadas en los procesos de evaluación.

El efecto de las deficiencias pedagógicas y el mal uso de la evaluación aparecen desde la educación primaria expresadas en tasas de deserción que hasta 2019 estaban alrededor del 3,8% y más preocupante aún la tasa de repetición[1] que para 2018 se estimaba en el 43%, la segunda más alta —después de Senegal—, de todos los países que presentaron en ese año las pruebas Pisa. Como dato de referencia, el promedio de repetición para los países de la OCDE es de 12%.

Estos datos inmediatamente anteriores a la Pandemia son muy preocupantes, pues a partir de 2020, cerca de diez millones de niñas, niños y jóvenes suspendieron su escolaridad regular y fueron aislados en sus hogares. La mayor parte de ellos no dispusieron de herramientas tecnológicas o de conectividad apropiadas durante casi dos años. A pesar de los enormes esfuerzos realizados por maestros y maestras de todos los niveles, tampoco puede asegurarse su efectividad, pues solo un número reducido de ellos tenía la calificación suficiente para desenvolverse en un ambiente virtual, aparte de todas las dificultades y restricciones que les planteaba hacer este trabajo desde sus casas, respondiendo al tiempo por responsabilidades domésticas.

No se necesitaba ser adivino o adelantar sesudos estudios estadísticos para prever que habría un daño gravísimo en los procesos de desarrollo y aprendizaje de la población infantil y juvenil, y especialmente en los sectores más pobres y más aislados, como ya lo han mostrado informes nacionales e internacionales de diferentes organizaciones.

Frente a esta realidad, que no ha sido superada, porque a duras penas han pasado cinco meses desde el retorno pleno a la educación presencial, la evaluación cobra una importancia sin precedentes en el pasado reciente.

Lo que está ocurriendo y lo que es urgente indagar

Lo primero que debe ser muy claro para cualquier educador, es que el objetivo de la evaluación no es asignar una calificación a un estudiante para informarle si aprobó o reprobó una asignatura. De lo que se trata con la evaluación es de identificar el progreso de una persona, un grupo o una organización en el logro de unos objetivos propuestos. Cuando aparecen dificultades o atrasos importantes, la evaluación debe ayudar a identificar las causas de los problemas, con el fin de avanzar en la búsqueda de estrategias que permitan sortearlas y superarlas para seguir avanzando.

Después de dos años de escolaridad muy irregular, durante los cuales hubo enormes diferencias de acceso a los procesos de aprendizaje que se pretende desarrollar en el proceso de la educación básica y media, es urgente saber con precisión en qué estado están los estudiantes, antes de precipitarse a poner calificaciones y definir promoción o repetición de los años escolares.

Pero no se trata solamente de averiguar cómo están en materia de desempeño en sus competencias matemáticas o comunicativas, qué tanto avanzaron en las diez o doce asignaturas que incluye el absurdo currículo nacional, o cuánto inglés están hablando o entendiendo. Se trata de indagar cómo se sienten, por qué en algunas instituciones parecería haberse desbordado la frecuencia y gravedad de los conflictos, en qué estado de ánimo han regresado a las aulas. También es importante ver qué está sucediendo con los maestros y maestras, pues también han sido duramente afectados por lo que ocurrió y muchos de ellos declaran no saber cómo actuar frente al comportamiento de sus estudiantes y a las actitudes de las familias.

La pandemia no fue simplemente un fenómeno de salud cuya solución llegó mágicamente con las vacunas. En realidad, fue un tremendo trauma social que todavía no terminamos de entender y que posiblemente está teniendo repercusiones mucho más graves que el atraso académico de niños y jóvenes, que de por sí es muy grave, especialmente cuando se concentra en los sectores sociales más frágiles.

No es posible reparar los daños ocasionados si no se logran precisar lo mejor posible cuáles son esos daños y cuáles son sus causas precisas. Es fácil suponer, por ejemplo, que los estudiantes que regresaron al colegio mostrando atrasos importantes en sus aprendizajes académicos se explica porque no tuvieron a su alcance medios tecnológicos. Esto, sin embargo, no es necesariamente cierto, pues muchos de ellos contaron con ambientes familiares favorables que les ayudaron a avanzar con una gran independencia de lo que se proponía desde las sesiones virtuales de los colegios. De otra parte, muchos que sí contaban con medios tecnológicos, mostraron una gradual desmotivación hacia su uso a lo largo del tiempo, no solamente para las actividades virtuales de aprendizaje, sino en general frente a la escolaridad.

En un buen número de adolescentes se rompió el hábito de atención que requiere la actividad escolar en la que se programa una clase tras otra, pues la virtualidad les permitía ocultarse, silenciar sus micrófonos y hacer otras cosas mientras parecían conectados con sus maestros y compañeros. Esto ha significado un nuevo esfuerzo para los maestros en el regreso a las aulas.

Estos son apenas algunos ejemplos que muestran la importancia de la evaluación en el momento actual, tanto para saber en qué condición se encuentran los niños, niñas y jóvenes, con respecto a los aprendizajes que deberían tener bajo condiciones normales, como qué nuevas expectativas tienen, qué les preocupa y qué transformaciones pedagógicas tendrían que hacerse no solo para superar el momento de crisis, sino para dar saltos cualitativos que apunten a nuevos horizontes de excelencia.

[1] Este indicador se define como el porcentaje de estudiantes que declaran haber repetido un grado al menos una vez en primaria o secundaria.