La cultura del desacato instituido en la escuela, una mirada desde los imaginarios sociales

Claudia Patricia Malagón Pinzón y Jenny Yamile Malagón Pinzón
Cuarto puesto en el XVI Premio a la Investigación e Innovación Educativa (2022), Categoría Investigación

La escuela es un escenario en el cual subyace el magma de significaciones de los estudiantes, cimentado en sus creencias, costumbres, vivencias y relaciones que establecen en la familia, el colegio, el barrio. La institución educativa no puede ser ajena a la necesidad de adentrarse en las narraciones de niñas, niños y jóvenes, más aún en un país donde es fundamental reconstruir el tejido social y la memoria histórica, en momentos en los cuales los efectos de la pandemia han incidido en las relaciones sociales, la salud mental e incluso en la forma como se conciben las normas y se legitiman las diversas acciones. 

En este sentido, se requiere abordar la convivencia escolar desde una perspectiva dialógica que propenda por el ejercicio de la ciudadanía, por una nueva cultura de  la civilidad ya que “el fortalecimiento de las competencias comunicativas puede preparar ética y políticamente ciudadanas y ciudadanos para la participación democrática” (Hoyos, 2004, p. 17). También se necesita analizar las significaciones de legalidad y legitimidad para comprender fenómenos de la actual situación política y adentrarse en las construcciones simbólicas que hacen los estudiantes sobre situaciones de su entorno inmediato, que ponen en juego sus principios frente a la cultura del atajo y el desacato como forma de supervivencia, instituida e institucionalizada en muchos casos. 

El presente artículo sintetiza las principales reflexiones de la investigación efectuada desde el 2021 en la institución El Cortijo – Vianey de la localidad de Usme, presentada en el  Premio a la Investigación y la Innovación 2022 organizado por el IDEP; cuyo propósito investigativo es acercarse a  los imaginarios  que subyacen en los estudiantes sobre legalidad y legitimidad, a partir de propuestas basadas en diversos ejercicios dialógicos, identificando los imaginarios instituidos e instituyentes y reconociendo en dichos discursos la relación entre el decir “legein” y el hacer “teukhein” al abordar situaciones relacionadas con su contexto inmediato (Castoriadis, 1975). 

Hablar de imaginarios implica recordar que los esquemas construidos socialmente “nos permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se considere como realidad” (Pintos, 2006, p. 2).  Para Castoriadis (1983) la construcción de todo imaginario se encuentra entre el ámbito de lo instituido y lo instituyente radical. Los imaginarios instituidos sobre legalidad y legitimidad pueden imponerse por la fuerza, el consenso o la costumbre y corresponden a una mirada desde la norma o la trasgresión de ésta, así como su legitimación que permite que se instituya, como en el caso de los incumplidores de normas (García, 2009). Los imaginarios instituyentes, que denotan alteridad, son aquellos discursos que se alejan de lo hegemónico, que plantean nuevas miradas a la forma como se percibe la norma y su legitimación, donde se sopesan los valores y principios, así como se reconoce el papel de los estudiantes como sujetos de derecho.

En el proceso investigativo encontramos que los imaginarios de legalidad y legitimidad se acercan en mayor medida al ámbito de lo instituido; los estudiantes justifican acciones, incluso ilegales, ya que existen escenarios que consideran adversos y que generan un sentimiento de dominación estructural (James, 2000), de subordinación a un orden injusto que no les permite alcanzar su bienestar, por tanto, infringir la norma es una manera de compensar dicha situación. 

Es claro que desde una perspectiva democrática “además, de las sanciones y de buenos gobiernos, una sociedad necesita que la gente esté dispuesta a someter sus creencias, sus valores y sus intereses a las leyes. Esto se le denomina cultura de la legalidad” (García, 2009, p. 273). En el trabajo desarrollado se encuentra que a pesar de que existe cierta confianza por parte de los estudiantes en la institucionalidad y en su operatividad, no se logra configurar un mensaje diferente a que cumplir no es un buen negocio y que el incumplimiento es más rentable y genera más ganancia individual. Las normas en la escuela y su aplicación son difusas, en otros casos ambiguas o contradictorias, bien porque hay cierto relativismo y consideraciones que eximen de la sanción, o porque hay una desarticulación entre lo que es moralmente válido, culturalmente aceptado y legalmente permitido. 

Los niños, niñas y jóvenes reconocen el papel esencial que puede ejercer la sanción social y la generación de una cultura del cumplimiento no sólo en la escuela, sino en la sociedad en general, pero también perciben que es un proceso que implica valores compartidos y que en un país con demasiada inequidad e injusticia social es difícil de constituir una homogeneidad normativa (Bermúdez, 2021). Hay una fuerte tendencia al modelo de confianza distributiva, en la que se ha perdido el respeto por las autoridades tradicionales.
    
En teoría, la legitimidad se asocia con la conciencia del beneficio colectivo, la cual depende de la experiencia del individuo en que el sistema funcione o no. La legitimidad es aquella razón por la cual se considera que quien ejerce el poder, quien expide las normas, merece o cuenta con nuestra aceptación, confianza o credibilidad para que las leyes que expida sean consideradas obligatorias., “La legitimidad así entendida es una especie de disposición general a aceptar las decisiones o normas aun cuando su contenido es indeterminado o no conozcamos el resultado final” (Bermúdez, 2021, p. 97). Para los estudiantes, la legitimidad y la legalidad son percibidas desde las experiencias de los individuos sobre el funcionamiento y efectividad del sistema de justicia, de la aplicación de las sanciones e incluso de una posible reparación de orden moral o material.

El profesor Mauricio García (2009) plantea una metodología para entender la cultura del incumplimiento en Colombia, que se apoya en el modelo sociológico weberiano, el cual  a través de una tipología permite caracterizar a los sujetos y las acciones que debilitan la legalidad y se justifican en una pobre legitimidad institucional; este último elemento se cimenta en imaginarios instituidos de la cleptocracia, la flexibilidad de la ley  y en antecedentes históricos desde nuestro periodo colonial en el que los funcionarios españoles impusieron la máxima “la ley se acata pero no se cumple”.

Todo este conjunto de factores ha generado una cultura del desacato de las normas que se clasifica en tres tipos de prácticas bajo los modelos estratégico, cultural y político, siendo identificadas por razones que validan la actuación de los incumplidores. Dichos  incumplidores pueden definirse en las siguientes tres líneas de acción y pensamiento: 1) los que hacen un cálculo de costos y beneficios de la obediencia (estratégico); 2) los que hacen un acto de resistencia contra la autoridad y ven a las instituciones y a las autoridades como carentes de legitimidad (político) y 3) los que consideran que los valores que ellas -las normas- transmiten, son vistos como menos importantes que otros valores (cultural). No son modelos fijos o totalmente inalterables, ya que depende de sus intereses, contextos, circunstancias, condiciones o posibilidades para trasgredir la norma, por esta razón pueden mezclar visiones que finalmente los caracteriza por desobedecerla (García, 2009). 

En el proceso investigativo realizado se intentó analizar las razones que aducen los estudiantes para evadir el cumplimiento de las normas y cómo estas se vinculan con la cultura del desacato y con una sociedad desestructurada, sin capital social y con un fuerte individualismo (García, 2009). Así mismo, se buscó identificar los perfiles que se han construido en torno a la cultura del incumplimiento y las posibles formas de disuasión que podrían funcionar como incentivos en  las relaciones e interacciones sociales y que resulten mucho más poderosos que los incentivos individuales para promover y resignificar los conceptos de legalidad y legitimidad (Bermúdez, 2021). Los factores de decisión que utilizan los estudiantes están muy orientados a las tipologías del “vivo” y el “rebelde” (taimado), ya que la cultura del desacato de la norma se vincula con una actitud de defensa del subordinado (el estudiante) contra el superior (docentes, coordinadores, las instituciones, etc.) y combina la estrategia con el desconocimiento de la autoridad. 

El arraigo cultural del atajo y del desacato como principios de supervivencia, tiene su origen en el periodo colonial y de formación republicana, pero ha sido reforzado a través del narcotráfico y su ideal del dinero fácil y de un “capitalismo gansteril”, en el cual el clientelismo y la corrupción se alimentan del presupuesto público (Tobón, 2021). Este modelo se ha reproducido constantemente en la sociedad y permeado los diferentes contextos. De acuerdo con el biólogo Richard Dawkins, se ha desarrollado el fenómeno de la memética, en el que los seres humanos fundamos nuestras creencias y que es la consecuencia de los memes culturales en donde se imita y emula lo que hemos experimentado, por directa o interpuesta persona, de padres y abuelos o de pares generacionales (Tafur, 2019). Esas premisas que se convierten en meta narrativas y son muy difíciles de cambiar en el tiempo, moldean nuestros pensamientos y comportamientos a mediano y largo plazo.  

En el escenario educativo nos debemos preguntar qué lleva a los sujetos escolares a transgredir la norma, a establecer distintas dinámicas para evadirla, si opera el concepto  del sujeto “racional”, entendido como la persona que toma sus decisiones para obtener el mejor resultado, guiado por su interés personal, luego de comparar todas las posibles opciones o, por el contrario, opera el sujeto “irracional”, que es la persona que toma sus decisiones no sopesando opciones, sino por motivos emocionales, instintivos (Tafurt, 2019). 

Cabe aclarar que algunos estudiantes consideran que ciertos comportamientos que trasgreden las reglas y que afectan al colectivo o los procesos que se relacionan con la interacción social, como colarse en las filas, se traducen en pérdida de tiempo y resultan perjudicando a más personas, este fenómeno  conocido como “la anomia boba”, actitud que consiste en violar las normas para llegar primero, pero que termina produciendo un desorden colectivo cuyo resultado es que todos pierden- (García, 2009). Este grupo de estudiantes denota una mirada de alteridad, ya que realiza un análisis más allá de su contexto y permite “crear un arquetipo alternativo al modelo dominante, (que) equivale a concebir una nueva cosmovisión” (Gilabert, 1993, p. 23).

La mirada de alteridad les permite a los estudiantes distinguir entre el ámbito de las libertades privadas y el ámbito de las libertades públicas para que los ciudadanos ejerzan sus derechos sin afectar al colectivo y sus acciones garanticen la consecución de las normas establecidas por la ley. El cumplimiento de la ley no está           sujeto a negociación, ni es una mercancía que se gestiona a través del dinero, los favores o los beneficios, tampoco se pueden flexibilizar las normas para favorecer a ciertos sectores de la población que consideran que tienen valores superiores o que existe una deuda social con ellos, o simplemente que ven la infracción de la norma como una estrategia que los privilegia y en la que media una institucionalidad débil. 

Los resultados del trabajo investigativo generan reflexiones profundas sobre la manera como se pueden resignificar los imaginarios construidos dentro de nuestra sociedad, que los estudiantes perciben como injusta y corrupta. Se requiere que los docentes también sean capaces de acercarse a estas múltiples realidades y generar estrategias que vayan más allá de la legitimidad y legalidad del Manual de Convivencia, y se centre la atención en la formación de sujetos de derecho, con criticidad y capacidad de proponer soluciones frente a los problemas que a diario  encuentran en la escuela, en su entorno y en la cultura de la ilegalidad instituida en el país.

Referencias 
Bermúdez, J. (2021). ¿Por qué incumplimos la ley? Bogotá: Editorial Ariel.
Castoriadis, C. (1975 - 1983). La institución de la sociedad I y II. Barcelona: Tusquets Editores. 
García, M. (director) (2009). Normas de papel. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Gilabert, C. (1993). El hábito de la Utopía. Análisis del imaginario sociopolítico en el movimiento estudiantil de México. México D.F: Editorial Porrúa.
Hoyos, G. (2004). Ética y educación para una ciudadanía democrática. En: Jaramillo O. (Ed.). Juvevirtual: Una respuesta, un camino.
 http://portales.puj.edu.co/javevirtual/portal/Documentos/Publicaciones/Publicacion_2003.pdf
James, S. (2000). Los dominados y el arte de la resistencia. México: Era.
Pintos, J. (2006). Construyendo realidad (es). Los imaginarios sociales. Buenos Aires: Eudeba.
Tafurt, J. (2019). ¿Los colombianos somos (des)honestos? Bogotá: Editorial Ariel. 
Tobón G. (2001). Estado, política y economía en Colombia. Bogotá: Señal Editora.